El proceso para definir los nombres que aparecerán en las boletas de la elección judicial de 2025 ha revelado marcadas diferencias entre los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Mientras los primeros implementan criterios menos estrictos, el Poder Judicial Federal (PJF) aplica un esquema riguroso que incluye exámenes y evaluaciones detalladas.

De un total de más de 33 mil registros iniciales, los comités seleccionarán hasta 10 finalistas por cada uno de los 31 cargos superiores y seis para los 850 cargos de jueces de Distrito y magistrados de Circuito. A través de insaculación, se elegirán tres candidatos finales para los cargos superiores y dos para los demás, cuyos nombres serán aprobados por el Congreso, la presidenta Claudia Sheinbaum y el Pleno de la Suprema Corte.

El Comité del Congreso, que recibió 10 mil 959 registros, evalúa a los aspirantes en tres áreas:

  • mérito académico (40 puntos),
  • experiencia profesional (30 puntos) y
  • honestidad (30 puntos).

Aquellos con más de 80 puntos serán entrevistados.

Por su parte, el Comité del Ejecutivo, con 18 mil 477 inscritos, selecciona aspirantes sin un sistema de puntuación definido, avanzando directamente a entrevistas públicas.

En contraste, el Comité del PJF aplica una evaluación curricular basada en 39 criterios específicos y un examen escrito que mide la capacidad para resolver problemas jurídicos complejos. Este enfoque, similar al usado desde 1995, busca garantizar un proceso más técnico y objetivo.

Paridad de género, tema polémico

La paridad de género es otro factor destacado y polémico. Siguiendo los lineamientos de la Suprema Corte, el PJF asignará el 79% de las magistraturas de Circuito y el 69% de los juzgados de Distrito a mujeres. Esto ha generado inconformidades, como la del magistrado Alberto González, quien obtuvo un fallo del TEPJF que le permite competir por su cargo.

La disparidad en los criterios de evaluación y los conflictos por la paridad reflejan los retos en la construcción de un sistema judicial más inclusivo y transparente.