Este viernes, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), brindó detalles sobre el proceso legal que llevó a obtener una victoria judicial en Estados Unidos contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, y su esposa, Linda Cristina Pereyra.
Ayer se dio a conocer que la pareja deberá pagar una suma de 748 millones 829 mil 676 dólares como parte de una sentencia por actos de corrupción.
En Palacio Nacional, Gómez explicó cómo se desarrolló el caso que permitió a las autoridades mexicanas demostrar el desvío de recursos públicos y el enriquecimiento ilícito por parte de García Luna. Según explicó, entre 2009 y 2018 se firmaron 30 contratos irregulares desde instituciones como la Policía Federal, el CISEN y el sistema penitenciario, por un monto total de 625 millones 188 mil dólares y 93 millones 866 mil pesos.
Al identificar estos movimientos financieros sospechosos, la UIF presentó una demanda civil en Florida, estado donde García Luna y su esposa tenían propiedades registradas. Ante la falta de respuesta por parte de los acusados, un tribunal estadounidense falló a favor del gobierno mexicano, otorgándole la titularidad de los bienes vinculados al esquema de corrupción.
Inicialmente, el gobierno presentó una demanda contra García Luna por 250 millones de dólares, cifra que representaba parte del daño causado al erario. Posteriormente, se sumó una reclamación contra Linda Cristina Pereyra por 580 millones de dólares, derivados de nuevas pruebas obtenidas durante la investigación.
De acuerdo con Gómez, Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación, tuvo un papel importante en este caso al facilitar el acceso a información clave para esclarecer los hechos.
“Abrió completamente todo y dio un aporte invaluable para el esclarecimiento de las operaciones que se hicieron dentro de la trama corrupta de Genaro García Luna”, señaló.
La juez en Florida resolvió que García Luna debía pagar tres veces el monto inicialmente reclamado, mientras que a Pereyra se le impuso una sanción proporcional a la demanda presentada. Gómez precisó que la sentencia es individual para cada persona y sus respectivas empresas, las cuales también están implicadas en el caso.
Finalmente, el titular de la UIF adelantó que aún está pendiente una segunda sentencia relacionada con las empresas involucradas en la red de corrupción, y no se descarta que se llegue a un acuerdo legal en el futuro.
