A partir del pasado 14 de junio, entró en vigor en Puebla la Ley de Ciberseguridad, tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Esta reforma al Código Penal local introduce nuevas sanciones contra el uso indebido de tecnologías de la información, en especial cuando se incurre en conductas persistentes de acoso digital.
La iniciativa fue impulsada en 2023 por José Luis García Parra, actual coordinador de gabinete del gobernador Alejandro Armenta. Pese a señalamientos de organizaciones defensoras de derechos digitales y libertad de expresión, el Congreso estatal la aprobó recientemente en sesión pública ordinaria.
El nuevo artículo 480 de la Ley de Ciberseguridad establece penas para quien
“a través de tecnologías de la información, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, insulte, ofenda, o veje a otra persona con insistencia suficiente para causarle daño físico o emocional”.
Las sanciones van de
- once meses a tres años de prisión y
- multas de hasta 300 UMAs, lo que podría ascender a unos 30 mil pesos.
En caso de que el delito se cometa contra menores de edad, las penas aumentan proporcionalmente, según el dictamen aprobado por la LXII Legislatura.
Señalamientos de censura y ambigüedad legal
Previo a su aprobación, organizaciones como Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla advirtieron que el decreto podría atentar contra la libertad de expresión y carece de claridad jurídica.
Denunciaron que no se consultó a especialistas en derecho digital ni se consideraron salvaguardas para periodistas y medios.
Prueba de esto último es que apenas hoy el gobernador de Pueblo solicitó al Congreso estatal que se realicen foros públicos para analizar la ley.
En redes sociales, usuarios expresaron su rechazo, señalando que la legislación fue aprobada “vía fast track” y con motivaciones políticas. Varios internautas apuntaron que el gobernador Armenta ha sido blanco de críticas anónimas en plataformas digitales, lo que levanta sospechas sobre el verdadero propósito de esta reforma.
Pese a la polémica, el gobierno estatal defendió la medida como una herramienta para proteger la integridad emocional y digital de la ciudadanía, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
