El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ha acusado la existencia de una campaña de desinformación en torno a las recientes reformas a la Ley de Amparo, aprobadas ayer por el Senado de la República.

Zaldívar aseguró que es “absolutamente falso” que dichas modificaciones sean regresivas o limiten los derechos de las personas.

“Estamos inmersos en una campaña de desinformación en la que se busca hacer creer que las reformas a la Ley de Amparo, recientemente aprobadas son regresivas y limitan la defensa de las personas en relación con sus derechos, lo cual como trataré de explicar, es absolutamente falso”, declaró.

Zaldívar calificó al juicio de amparo como “la institución jurídica más importante del país” y enfatizó que el gobierno federal no busca restringir derechos, sino modernizar y agilizar los procesos judiciales.

También explicó que las reformas tienen como objetivo adaptar el sistema a las necesidades actuales y evitar que se utilice “para fines ilícitos o al menos socialmente censurables”. En ese sentido, señaló que los ajustes a la figura de la suspensión responden a la necesidad de impedir abusos dentro del propio mecanismo.

Las declaraciones de Zaldívar se producen en medio de una intensa discusión pública sobre el alcance de los cambios a la Ley de Amparo, los cuales han sido cuestionados por diversos sectores jurídicos y políticos que advierten posibles riesgos para la protección de los derechos humanos y el equilibrio de poderes.

Reforma a la Ley de Amparo, aprobada tras intensa sesión

La reforma a la Ley de Amparo fue aprobada en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados tras una sesión maratónica que concluyó a las 3:38 horas del miércoles 15 de octubre.

Originalmente, el texto preveía que todos los procesos en trámite continuarían bajo la legislación anterior; sin embargo, a propuesta del morenista Hugo Eric Flores, se modificó para que solo las etapas procesales ya concluidas mantuvieran la normativa previa, mientras que las fases pendientes se sujetarán a la nueva ley.

“No es violar un derecho constitucional aprobando la irretroactividad de la ley, como maliciosamente han sostenido. Es un tema de trascendencia procesal, es derecho procesal puro”, defendió. 

Con esta disposición, los juicios de amparo vigentes se regirán por dos marcos legales: lo ya actuado bajo la ley anterior y, desde la entrada en vigor de la reforma, lo restante bajo la nueva normativa.