Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad un dictamen que busca eliminar las llamadas “pensiones millonarias” de servidores públicos en México. La iniciativa ahora deberá ser discutida y votada en el Pleno del Senado en los próximos días.
El proyecto fue avalado con 32 votos a favor, lo que representa un paso importante dentro del proceso legislativo para modificar el sistema de jubilaciones de altos funcionarios en organismos del Estado.
Buscan poner tope a jubilaciones de altos mandos
La reforma pretende poner límites a las pensiones consideradas excesivas que reciben algunos exfuncionarios públicos, particularmente en organismos descentralizados, empresas del Estado y otras instituciones gubernamentales.
En meses recientes se ha señalado que existen casos en los que las pensiones superan el salario presidencial o alcanzan montos muy elevados, lo que ha sido criticado por distintos sectores políticos y sociales.
La iniciativa plantea que estos beneficios dejen de ser considerados privilegios y se ajusten a criterios de austeridad dentro del servicio público.
Reforma forma parte de política de austeridad
La propuesta forma parte de un conjunto de medidas orientadas a reducir gastos considerados excesivos dentro del gobierno y establecer reglas más estrictas para el pago de jubilaciones a altos mandos del sector público.
En ese contexto, autoridades federales han señalado que el objetivo es homologar las pensiones de los funcionarios con los principios de austeridad del Estado, evitando que existan beneficios muy superiores al promedio del sistema público.
Qué sigue en el proceso legislativo
Tras su aprobación en comisiones, el dictamen deberá ser discutido y votado por el Pleno del Senado. En caso de obtener el respaldo de los legisladores, la reforma continuará su proceso legislativo antes de convertirse en ley.
Pensiones que superaban sueldos presidenciales
En algunos organismos públicos se han identificado pensiones superiores al salario del presidente o incluso cercanas al millón de pesos anuales, lo que impulsó el debate sobre la necesidad de establecer límites legales a estos beneficios.
