La Corte Suprema de EU rechazó la orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, reafirmando la interpretación constitucional de la XIV Enmienda. La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó este martes el derecho a la ciudadanía por nacimiento, al rechazar una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba restringir este beneficio a hijos de inmigrantes ilegales.
Con una votación de seis a tres, los magistrados determinaron que la Decimocuarta Enmienda protege el estatus de ciudadano para cualquier persona nacida en territorio estadounidense, salvo excepciones limitadas relacionadas con diplomáticos extranjeros o fuerzas de ocupación. El presidente del tribunal, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria, donde enfatizó que la promesa de la enmienda, adoptada tras la Guerra Civil, debe mantenerse vigente.
“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política”, La orden ejecutiva, firmada al inicio del segundo mandato de Trump, formaba parte de una estrategia amplia para modificar las políticas migratorias del país. Según investigaciones del Migration Policy Institute y el Population Research Institute, la medida habría afectado a más de 250,000 bebés anualmente.
Alcance poblacional: La restricción no solo afectaba a hijos de inmigrantes sin estatus legal, sino también a estudiantes y residentes permanentes legales. Precedente legal: La decisión se fundamentó en el fallo del caso Wong Kim Ark de 1898, que reconoce la ciudadanía a hijos de extranjeros nacidos en territorio nacional.
Voto disidente: Tres magistrados conservadores manifestaron su postura a favor de permitir la entrada en vigor de las restricciones propuestas por el Ejecutivo. El caso llegó a la instancia suprema tras una apelación presentada por la administración de Trump, luego de que diversos tribunales inferiores bloquearan la orden ejecutiva, calificándola de ilegal.
Durante el proceso, el presidente Trump mantuvo una postura crítica hacia el tribunal, llegando a calificar a los jueces de “tontos” y cuestionando su patriotismo en casos previos, como el de los aranceles globales. Esta resolución marca un hito en la relación entre el poder ejecutivo y la Corte Suprema, reafirmando los límites constitucionales ante las políticas migratorias propuestas por la actual administración.
