Las organizaciones DAWN y Taxpayers Alliance Against Genocide interpusieron la demanda ante un tribunal de Manhattan para impugnar la orden emitida por Trump. Dos organizaciones defensoras de los derechos humanos han presentado una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, a cargo de Donald Trump, por sanciones impuestas contra la Corte Penal Internacional (CPI).<\/p>\n
Los demandantes consideran que las penalizaciones que enfrenta la CPI restringen de forma ilegal su labor de defensa de los derechos de los palestinos y vulneran la libertad de expresi\u00f3n en Estados Unidos. Las organizaciones DAWN y Taxpayers Alliance Against Genocide interpusieron el recurso ante un tribunal federal de Manhattan para impugnar la orden ejecutiva emitida por Trump, la cual sanciona a la CPI por investigar presuntos cr\u00edmenes de guerra cometidos durante el conflicto entre Israel y Ham\u00e1s en Gaza.<\/p>\n
Adem\u00e1s de penalizar al tribunal, la medida proh\u00edbe prestar o recibir servicios de personas o entidades sancionadas. Seg\u00fan la demanda, las restricciones obligaron a ambas organizaciones a modificar su trabajo para evitar posibles represalias.<\/p>\n
Entre las acciones que aseguran haber suspendido figuran: El intercambio de pruebas y an\u00e1lisis jur\u00eddicos con organizaciones palestinas sancionadas La colaboraci\u00f3n con la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, tambi\u00e9n sancionada por Washington. Omar Shakir afirm\u00f3 que la administraci\u00f3n Trump utiliza las sanciones econ\u00f3micas para \u201cvigilar las expresiones pol\u00edticas\u201d de los ciudadanos estadounidenses y sostuvo que las medidas buscan proteger a funcionarios israel\u00edes frente a las investigaciones internacionales.<\/p>\n
\u201cEl gobierno de Trump est\u00e1 utilizando el instrumento tosco de las sanciones econ\u00f3micas no solo para castigar a los defensores de los derechos humanos, sino para vigilar las expresiones pol\u00edticas de millones de estadounidenses\u201d, se\u00f1al\u00f3 Shakir. \u201cEl gobierno est\u00e1 violando los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses para proteger a funcionarios de un gobierno extranjero que han cometido un genocidio\u201d.<\/p>\n
La controversia surgi\u00f3 despu\u00e9s de que la CPI emitiera en 2024 \u00f3rdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos cr\u00edmenes de guerra relacionados con la ofensiva en Gaza. Tanto Israel como Estados Unidos rechazan la jurisdicci\u00f3n del tribunal y no forman parte de sus Estados miembros.<\/p>\n
La demanda tambi\u00e9n responde a las recientes declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien prometi\u00f3 endurecer la campa\u00f1a contra la CPI e incluso plante\u00f3 nuevas sanciones, restricciones de viaje y un mayor escrutinio sobre los pa\u00edses que reconozcan la autoridad del tribunal. \u201cQue la CPI interfiera en las operaciones militares y policiales de Estados Unidos no es s\u00f3lo un grave exceso de sus supuestas atribuciones\u201d, declar\u00f3 Rubio.<\/p>\n
\u201cSignificar\u00eda la muerte de Estados Unidos como naci\u00f3n soberana e independiente\u201d. Mientras el litigio avanza, las organizaciones demandantes sostienen que las medidas generan un efecto de autocensura que limita su capacidad para documentar y denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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