Entre una avalancha de críticas e inconformidades, las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, Segunda del Senado, aplazaron de forma indefinida la reunión programada para dictaminar la minuta de la Cámara de Diputados que permitiría embargar hasta el 40% del salario de los trabajadores para pagar créditos de nómina.

La medida, conocida como “Crédito de Nómina con Cobranza Delegada”, ha generado un amplio rechazo en diversos sectores.

La oposición en el Senado ya adelantó su voto en contra de la minuta, calificándola de perjudicial para los derechos laborales.

El PAN reprochó a Morena, junto a sus aliados del PVEM y PT, que esta reforma regrese a prácticas de “tiendas de raya”, en las que los trabajadores ven comprometido prácticamente todo su sueldo.

Ricardo Anaya, coordinador del bloque opositor en el Senado, afirmó que el salario mínimo debe ser inembargable, salvo excepciones muy puntuales como el pago de pensión alimenticia.

Reforma laboral podría embargar hasta el 100% del salario

Según Anaya, la propuesta implica que, una vez firmado el acuerdo de crédito, el descuento en la nómina se convierte en automático e irrevocable, lo que podría afectar a hasta el 75% de los trabajadores que viven al día.

Por otro lado, la senadora del PRI, Claudia Anaya, criticó que la reforma permita que prácticamente todo el sueldo de un trabajador sea embargado, advirtiendo que esto podría dejar a algunos empleados sin ingresos efectivos.

La diputada culpó al legislador Pedro Haces, uno de los impulsores de la medida, por facilitar el cobro de adeudos en contra de la Ley Federal del Trabajo.

Reforma de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en suspenso

El Ejecutivo, por su parte, se vio obligado a posponer la reunión programada ante la creciente presión social y el rechazo generalizado.

Las modificaciones a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y otras normativas relacionadas quedaron en suspenso, esperando un nuevo dictamen en el Senado.

Ante la polémica, autoridades federales y municipales aseguran que continúan las investigaciones y el análisis de la minuta, mientras los trabajadores y la oposición exigen que se garantice la protección del salario mínimo y se evite que la población sufra un sobreendeudamiento que podría llevar a una crisis económica familiar.