Una jueza federal en Colorado, Charlotte N. Sweeney, amplió su orden judicial para detener las deportaciones de migrantes en el estado, tras el intento del gobierno del expresidente Donald Trump de usar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar dichas remociones.
La jueza citó una reciente decisión de la Corte Suprema que impide temporalmente la deportación de migrantes en Texas bajo la misma ley.
La decisión de Sweeney extiende la suspensión de deportaciones hasta el 6 de mayo y exige que el gobierno federal proporcione un aviso de 21 días antes de cualquier remoción, permitiendo a los afectados impugnar legalmente su salida.
Sweeney cuestionó abiertamente el fundamento legal del gobierno para aplicar una ley diseñada para tiempos de guerra a una situación migratoria actual. La administración había invocado la amenaza de la pandilla venezolana Tren de Aragua como justificación.
“Como mínimo, ‘invasión’ significa más que la descripción de la Proclamación sobre la ‘infiltración’, ‘guerra irregular’ y ‘acciones hostiles’ del TdA contra Estados Unidos”, escribió Sweeney.
ACLU impulsa defensa legal y Corte Suprema responde
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha liderado los esfuerzos legales para frenar las deportaciones, alegando que el gobierno no notificó adecuadamente a los migrantes ni les dio oportunidad razonable para apelar.
La Corte Suprema ya ordenó detener remociones desde el norte de Texas, al considerar que los avisos fueron dados en inglés y sin informar los derechos legales de los migrantes.
Timothy Macdonald, abogado de ACLU, calificó los argumentos del gobierno como un “truco legal”. Sweeney fijó una nueva audiencia para decidir si su orden de protección en Colorado será permanente.
