La presidenta Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que su gobierno retomará la iniciativa legal contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, a pesar del reciente revés judicial por parte de la Corte Suprema de ese país.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, expresó su desacuerdo con la decisión del máximo tribunal estadounidense, que desestimó la demanda impulsada por México en años anteriores, al considerar que estos grupos están protegidos por la legislación federal norteamericana.
México pierde demanda en Estados Unidos contra fabricantes de armas
En un fallo unánime emitido el jueves 5 de junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el intento de México de responsabilizar legalmente a los fabricantes estadounidenses de armas por la violencia perpetrada por los cárteles de droga mexicanos con armas adquiridas en suelo estadounidense.
La decisión, reportada por medios como NBC News y USA Today, reafirma la protección legal que otorga una ley federal a los fabricantes de armas, impidiéndoles ser demandados por el uso ilícito de sus productos por parte de terceros.
“No se puede iniciar una acción contra un fabricante si, como en el caso de México, se basa en el uso delictivo del producto de la empresa por parte de un tercero”, escribió la jueza Elena Kagan, según USA Today.
La demanda fue presentada en 2021 por el gobierno mexicano contra empresas reconocidas como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock. México acusaba a los fabricantes de tener conocimiento de que sus armas terminaban en manos de traficantes, quienes las introducían ilegalmente al país, donde solo existe una tienda autorizada para vender armas legalmente.
Las autoridades mexicanas señalaron que al menos el 70% de las armas usadas por los cárteles provienen de Estados Unidos y que anualmente se trafican entre 200,000 y 500,000 armas desde Estados Unidos hacia México, según datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
Aunque un juez federal inicialmente desestimó la demanda a favor de los fabricantes, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston reavivó el caso el año pasado. Los tribunales tuvieron que analizar si la Ley de Protección de Fabricantes de Armas de 2005 cubría o no esta demanda específica.
Los abogados mexicanos buscaban daños por una cantidad no especificada, estimada en unos 10,000 millones de dólares, además de una orden para cambiar las prácticas comerciales de las empresas.
Sin embargo, las compañías negaron cualquier responsabilidad, argumentando que no pueden ser culpadas por el mal uso de sus productos por parte de terceros.
