Sheinbaum explicó que ninguna institución podrá exigir la CURP biométrica para realizar trámites oficiales, y que será voluntaria, dependiendo de la decisión de cada ciudadano.

La medida busca modernizar el registro de identidad sin vulnerar derechos ni imponer requisitos innecesarios.

La mandataria subrayó que aún no se ha asignado una partida económica específica ni se ha definido la infraestructura jurídica y tecnológica para resguardar la información sensible de los ciudadanos.

Esto permitirá que la implementación futura cumpla con estándares de protección de datos personales.

Respuesta a inquietudes ciudadanas

El anuncio responde a la preocupación de sectores de la sociedad sobre posibles usos indebidos de la información biométrica.

La presidenta aseguró que se tomarán medidas estrictas para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos, evitando cualquier vulneración de la privacidad.

Expertos en derecho digital y seguridad informática han señalado que la CURP biométrica, de ser utilizada de manera correcta, podría facilitar la identificación segura de las personas y mejorar la eficiencia en trámites oficiales, siempre respetando las normas de protección de datos.

Transparencia y avance tecnológico

Sheinbaum reiteró que el gobierno federal mantendrá la transparencia sobre la implementación de esta herramienta y continuará informando a la ciudadanía sobre los avances, beneficios y protocolos de seguridad relacionados con la CURP biométrica.

El proyecto se enmarca en un esfuerzo más amplio por digitalizar servicios públicos, reducir trámites burocráticos y fortalecer la confianza ciudadana en la administración electrónica.

CURP biométrica

  • La CURP biométrica será opcional, no reemplazará otros documentos oficiales
  • Facilitará la identificación segura en trámites digitales y presenciales
  • Requiere desarrollo de infraestructura tecnológica y legal robusta
  • Busca proteger la privacidad de los ciudadanos y prevenir fraudes
  • Representa un paso hacia la modernización de servicios públicos y la eficiencia administrativa