En Palacio Nacional, el nuevo procedimiento obligatorio que exige vincular el registro de números celulares a la identidad de personas físicas o morales, fue defendido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que esta acción forma parte de una estrategia nacional para combatir delitos como la extorsión y el fraude. Esta medida ha causado pánico e incertidumbre entre la población.

La gente tiene del 9 de enero al 30 de junio de 2026 para registrar sus números telefónicos. De no hacerlo, sus líneas serán suspendidas a partir del 1 de julio de este año.

Fallas desde el inicio

Durante sus primeros días de implementación, usuarios de distintas compañías telefónicas reportaron problemas técnicos, fallas de seguridad y complicaciones logísticas en los portales habilitados para realizar el trámite. Sin embargo, la mandataria aseguró que el mecanismo busca fortalecer las labores de investigación y persecución del delito, y aclaró que la responsabilidad de resguardar los datos personales recae directamente en las empresas proveedoras del servicio.

En su conferencia de hoy, Sheinbaum explicó que el registro se realiza directamente con las compañías telefónicas.

“Se registran en la telefónica, y si hay un delito, entonces las áreas correspondientes de seguridad o de Procuración de Justicia solicitan a la telefónica la información del teléfono del que se cometió un delito (…). Las empresas telefónicas guardan la información”, detalló.

La presidenta subrayó que únicamente la autoridad tiene acceso a los datos, siempre que exista una indagatoria formal relacionada con el uso de un número celular registrado. En ese sentido, rechazó que el gobierno esté vulnerando la privacidad de los ciudadanos.

Sus datos están seguros, afirma Sheinbaum

Ante las quejas por posibles filtraciones o fallas en los sistemas, Sheinbaum sostuvo que cualquier vulneración de datos personales es responsabilidad de las empresas telefónicas, ya que son ellas las encargadas de almacenar y proteger la información de los usuarios.

Finalmente, reiteró que el registro tiene como objetivo principal cerrar el paso a la impunidad en delitos cometidos a través de líneas telefónicas, especialmente en casos de extorsión, secuestro virtual y fraude, sin afectar los derechos de los usuarios.