Esta semana, un grupo de fiscales locales en Estados Unidos presentó un nuevo proyecto cuyo objetivo es enfrentar lo que consideran abusos de autoridad y conductas inconstitucionales por parte del gobierno federal durante operativos migratorios recientes.
La iniciativa ‘Fight Against Federal Overreach’
La iniciativa, denominada Fight Against Federal Overreach (Lucha Contra el Exceso Federal), busca coordinar estrategias legales y exigir rendición de cuentas frente a las tácticas empleadas por agentes federales de inmigración. El nombre del programa hace una referencia irónica a un acrónimo obsceno en inglés popularizado en memes y utilizado incluso por figuras del gobierno de Donald Trump para desacreditar a opositores.
Funcionarios de Minnesota, acompañados por expertos en justicia penal y exfiscales federales, han expresado una creciente preocupación por la respuesta federal ante operativos considerados agresivos en Minneapolis y zonas cercanas. Las críticas se intensificaron tras el asesinato de dos civiles a manos de agentes federales, entre ellos Alex Pretti, quien murió baleado el sábado.
Es la primera vez que se ve algo así en EU
Los hechos han provocado protestas multitudinarias y cuestionamientos de funcionarios públicos, incluidos algunos republicanos.
Larry Krasner, fiscal de distrito de Filadelfia y uno de los fundadores del grupo, aseguró que nunca había presenciado tácticas similares por parte de las fuerzas del orden en ciudades estadounidenses.
Lo preocupante que agentes oculten sus rostros y números de placa, lo que Krasner calificó como una práctica poco profesional derivada de órdenes deficientes y de una interpretación errónea de la ley.
Lo estatal es estatal y lo federal es federal
Krasner también criticó declaraciones del vicepresidente JD Vance, quien afirmó que los agentes cuentan con inmunidad frente a cualquier acción que realicen.
“Un Departamento de Justicia funcional ha desaparecido. Las fiscalías federales que aplicaban la ley de manera equitativa ya no están. Funcionarios capaces se están jubilando o renunciando”, afirmó. “Antes se podía confiar en el gobierno federal para controlar a los alguaciles rebeldes; ahora, el gobierno federal son esos alguaciles”.
De acuerdo con los fiscales locales, corresponde a las autoridades estatales llenar el vacío institucional, especialmente porque las condenas estatales no pueden ser indultadas a nivel federal.
