Una red de empresas vinculada al senador Adán Augusto López Hernández obtuvo contratos públicos por 3,500 millones de pesos con gobiernos estatales emanados de Morena, según una investigación difundida este 19 de febrero de 2026, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y uso de recursos públicos en programas sociales y adquisiciones.
Contratos y montos acumulados
La investigación periodística indica que diversas administraciones estatales de Morena —incluyendo Tabasco, Campeche, Hidalgo y Chiapas— otorgaron mil 700 millones de pesos en 2025 a empresas que han operado bajo el amparo o cercanía de López Hernández. Estos contratos se suman a 1,800 millones de pesos adjudicados en 2023 y 2024, principalmente para la compra de alimentos, despensas y suministros destinados a programas sociales.
Entre los nombres que figuran en la documentación aparecen Hugo Miguel Vignola Palma, socio de López Hernández en la Corporación Inmobiliaria Villahermosa, así como un amigo de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y un sobrino de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ligados a la recepción de estos contratos.
Persistencia de redes a pesar de pérdida de poder político
Aunque López Hernández ha enfrentado una pérdida de influencia política en el último año, especialmente tras dejar la coordinación de la bancada de Morena en el Senado, las empresas de su entorno han continuado acumulando contratos públicos con recursos destinados a atender poblaciones vulnerables.
Esta situación ha provocado críticas entre analistas y sectores ciudadanos que cuestionan cómo redes empresariales relacionadas con figuras políticas pueden beneficiarse de adjudicaciones en programas sociales sin mayor transparencia.
Señalamientos sobre mecanismos de adjudicación
Las fuentes señalan que los recursos en contratos no sólo se han destinado a programas de asistencia alimentaria, sino también a bienes y servicios cuya ejecución depende de adjudicaciones directas, lo que queda sujeto a interpretación sobre concurrencia competitiva y transparencia.
Mientras tanto, organismos civiles y especialistas en transparencia buscan que se aclare cómo se otorgaron estos recursos y si existieron procesos competitivos o criterios técnicos que respaldaran las adjudicaciones.
Repercusiones políticas
La difusión de estos datos ha reavivado el debate sobre el manejo de los recursos públicos destinados a programas sociales, especialmente en regiones gobernadas por el partido en el poder. La convergencia entre negocios empresariales y vínculos políticos vuelve a poner en el centro de la discusión la necesidad de mecanismos de supervisión más estrictos.
“Negocio de la pobreza”
El reportaje bautiza esta estructura como el “negocio de la pobreza”, en referencia a cómo empresas ligadas a figuras políticas han obtenido contratos para programas destinados a sectores vulnerables, lo que plantea preguntas sobre la ética y eficacia del gasto público en materia de bienestar social.
