Luego del acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Gobernación y las dirigencias de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), legisladores de estos partidos comenzaron a expresar públicamente su respaldo a la iniciativa conocida como plan B en materia electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con integrantes de las bancadas, la propuesta será enviada al Senado entre lunes y martes como cámara de origen, con el objetivo de iniciar su discusión legislativa.

Senadores de Morena, PVEM y PT manifestaron su apoyo “total e incondicional” al proyecto, al considerar que busca terminar con privilegios que durante años han encarecido el sistema político, para redirigir esos recursos a programas sociales en beneficio de la población.

Buscan reducir gastos en congresos y gobiernos locales

En un posicionamiento adicional, senadores del PVEM señalaron que coinciden con la propuesta de impulsar un manejo más racional de los recursos públicos, lo que permitiría fortalecer políticas sociales.

Entre los cambios que respaldan se encuentran la reducción del presupuesto en los congresos locales de los 32 estados, el establecimiento de topes máximos en sueldos y prestaciones de legisladores estatales, así como disminuir el número de integrantes en cabildos municipales.

También plantean modificar la fecha para realizar la revocación de mandato presidencial y ajustar los procedimientos para las consultas populares.

Diputados anticipan respaldo firme al plan B

Por su parte, las bancadas de Morena, Verde y PT en la Cámara de Diputados emitieron un comunicado conjunto en el que reiteraron su “respaldo firme” a la presidenta Sheinbaum y adelantaron que el plan B contará con el apoyo de sus grupos parlamentarios durante el proceso legislativo.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, destacó la “actitud positiva” de los aliados legislativos y expresó confianza en que habrá acuerdos para sacar adelante la iniciativa.

No obstante, algunos legisladores del PT reconocieron inquietudes sobre posibles recortes en percepciones de diputados locales, prerrogativas partidistas y regidurías municipales, rubros de los que actualmente obtienen financiamiento político.