La posible detención del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aún no está definida. 

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer este lunes que será un juez mexicano quien determine si procede su arresto, en el marco de una solicitud promovida por Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina de hoy, Alcalde explicó que el gobierno estadounidense solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya y de otros nueve funcionarios mexicanos, señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, el proceso aún se encuentra en fase de revisión.

Falta de pruebas frena proceso

La funcionaria detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) detectó que la solicitud carece de elementos cruciales para acreditar su urgencia, como el riesgo de fuga o de obstrucción del proceso judicial. Este punto es fundamental, ya que la detención provisional solo puede proceder bajo condiciones excepcionales.

Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó a las autoridades estadounidenses que presenten pruebas adicionales que sustenten la urgencia del caso.

Juez tendrá la última palabra

En caso de que se acrediten dichos elementos, un juez de control será el encargado de definir si procede la detención de Rocha Moya o si se imponen otras medidas cautelares. De aprobarse el arresto, se abriría un plazo de 60 días para que Estados Unidos formalice la solicitud de extradición.

Alcalde señaló que este procedimiento se rige por el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, el cual establece distintas vías legales dependiendo de si se trata de una solicitud urgente o de una extradición formal.

Otro de los puntos destacados por la consejera jurídica fue la filtración de información del caso, lo que —dijo— vulnera la confidencialidad que debe prevalecer en estos procesos.

Por ahora, la FGR no ha emitido una postura definitiva sobre la existencia de delitos ni sobre la procedencia de la detención provisional. El caso permanece abierto, a la espera de que Estados Unidos entregue las pruebas necesarias.