El Congreso del Estado de Morelos ha aprobado la destitución definitiva de Uriel Carmona Gándara como Fiscal General del Estado, tras una solicitud formal presentada por la Oficina de la Gubernatura.
La petición fue respaldada por diversas disposiciones legales, entre ellas los artículos 42, 50, 57 y 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 9 y las fracciones I y IV del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
El escrito firmado por Héctor Javier García Chávez, jefe de la Oficina de la Gubernatura, instaba al Congreso a tomar las medidas necesarias para remover a Carmona Gándara de su cargo.
Tras un exhaustivo análisis legal, el Congreso del Estado determinó que existían las condiciones jurídicas necesarias para proceder con la remoción.
Con 16 votos a favor y 4 en contra, fue destituido de forma definitiva el fiscal de Morelos Uriel Carmona Gandara.
El congreso local consideró que incurrió en responsabilidades al incumplir los requisitos de permanencia en el cargo, debido a que la ley establece que no puede ser fiscal de Morelos quien esté sometido a un proceso penal.
Uriel Carmona es acusado de encubrimiento de feminicidio en el caso de Ariadna Fernanda, joven localizada sin vida en la carretera México-Tepoztlán .
Críticas y controversias de Uriel Carmona
En 2023, el fiscal enfrentó una detención por su presunta obstrucción de la justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, aunque fue liberado después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara su fuero constitucional.
Sin embargo, las críticas hacia su actuación y liderazgo no cesaron, lo que llevó a la solicitud de su remoción definitiva.
Cabe destacar que, antes de su destitución, Carmona había solicitado el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, quien fue señalado por el delito de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana.
A pesar de los procesos políticos y legales en juego, Carmona expresó su deseo de que no hubiera represalias en su contra ni contra el Ministerio Público por su proceder en estos casos sensibles.