El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha confirmado la existencia de una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, quien actualmente es considerado prófugo de la justicia.
Durante una conferencia realizada este lunes 3 de marzo, Ramírez Bedolla informó que cuenta con información por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de que Aureoles ‘anda huyendo’.
Dictan prisión preventiva a cuatro excolaboradores de Aureoles
La jueza Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, dictó prisión preventiva a cuatro exfuncionarios del gobierno de Michoacán encabezado por Silvano Aureoles Conejo.
Enfrentan cargos por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Mientras tanto, el exgobernador Aureoles Conejo permanece prófugo, al igual que dos exsecretarios de Seguridad Pública de la entidad y Guillermo Loaiza Gómez, ex titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
Loaiza Gómez, quien fue nombrado notario público por el propio Aureoles poco antes de dejar el cargo, fue rastreado hasta Argentina, aunque su paradero actual sigue desconocido.
Durante una extensa audiencia de más de 18 horas, la jueza señaló a Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSP, y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la misma dependencia, por haber causado un daño patrimonial al estado superior a los 3 mil 400 millones de pesos.
Como medida cautelar, Sánchez Nava determinó que Villegas Pineda y Maldonado Mendoza permanezcan en el penal de Santa Martha Acatitla, mientras que Delgado Murillo y Bernal Bustamante continuarán recluidos en el Reclusorio Oriente. La audiencia inicial se reanudará el próximo jueves, cuando se definirá su situación jurídica. La fiscalía argumentó que su permanencia en prisión es necesaria debido al alto riesgo de fuga.
La investigación apunta a que los exfuncionarios, junto con Aureoles, habrían participado en una operación irregular para arrendar y luego comprar inmuebles destinados a la instalación de siete cuarteles policiacos en Apatzingán, Cualcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
