Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado esta semana, reveló que Irán está intensificando el uso de vigilancia electrónica y la denuncia ciudadana para identificar a las mujeres que no cumplen con el uso obligatorio del hiyab en público.
Al mismo tiempo, los sectores más conservadores del país están presionando por sanciones más estrictas contra quienes desafían esta norma.
El estudio, elaborado por la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán, se publica tras haber determinado el año pasado que el gobierno iraní fue responsable de la ‘violencia física’ que llevó a la muerte de Mahsa Amini.
Su fallecimiento desencadenó una ola de protestas a nivel nacional contra las leyes del hiyab, y aunque la desobediencia persiste, quienes la desafían enfrentan cada vez mayores riesgos de detención y encarcelamiento.
Vigilan a mujeres con cámaras de vigilancia y drones
Entre las estrategias identificadas para monitorear y controlar a las mujeres en espacios públicos, destaca el despliegue de drones para la supervisión aérea.
En la Universidad Amirkabir de Teherán, se instaló un software de reconocimiento facial, donde las autoridades buscan identificar a quienes no llevan el velo obligatorio. Además, las cámaras de seguridad instaladas en las principales carreteras del país también estarían siendo utilizadas para detectar a mujeres que no cubren su cabeza.
Otro mecanismo de control es la aplicación móvil ‘Nazer’, proporcionada por la policía, que permite a los ciudadanos denunciar a mujeres sin velo en vehículos, incluidos autobuses, ambulancias y taxis.
Este sistema de monitoreo ha derivado en situaciones alarmantes. En julio de 2024, una mujer recibió un mensaje de advertencia tras ser reportada y, al intentar huir de un control policial cerca del mar Caspio, fue alcanzada por disparos de los agentes, quedando paralizada, según activistas.
Crece la tensión en Irán tras muerte de Mahsa Amini
Desde la muerte de Mahsa Amini en 2022, Irán ha sido escenario de intensas protestas y una dura represión. Las manifestaciones, que se extendieron durante meses, dejaron un saldo de más de 500 muertos y más de 22 mil detenidos.
En respuesta a la presión social, las autoridades relajaron temporalmente la aplicación de las estrictas leyes sobre el uso del hiyab. Sin embargo, en abril de 2024, el gobierno reinstauró medidas más severas bajo el denominado Plan Noor (‘Luz’), lo que ha llevado a la detención de al menos 618 mujeres, según informes de activistas de derechos humanos.
