El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución que revierte la prohibición del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la difusión de mensajes por parte de funcionarios públicos sobre la elección judicial del 1 de junio de 2024.
En una votación dividida de tres votos a favor y dos en contra, los magistrados decidieron que no se puede silenciar a los poderes públicos que han promovido candidaturas.
La magistrada presidenta, Mónica Soto, expresó su desacuerdo con la medida tomada por el INE, calificando como absurdo intentar mantener en secreto la elección del próximo 1 de junio.
Soto consideró que el INE había emitido un acuerdo que limitaba la difusión de la participación ciudadana, un derecho fundamental en un proceso electoral.
El artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que regula la promoción de los procesos electorales del Poder Judicial, establece que está prohibido el uso de recursos públicos para la promoción y propaganda de elecciones judiciales.
Oposición a la medida en la elección judicial de 2024
Sin embargo, la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se opusieron a la medida, argumentando que los funcionarios públicos no pueden estar excluidos del debate democrático solo porque el INE organiza el proceso electoral.
La elección judicial que se celebrará el 1 de junio de 2024, permitirá a la ciudadanía elegir a diversos funcionarios del Poder Judicial.
Entre los cargos que se elegirán están los de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y cargos en los tribunales de disciplina judicial y juzgados de distrito, entre otros.
