El gobierno del presidente Donald Trump ha implementado un plan que exige que todas las personas en Estados Unidos sin autorización legal se registren ante las autoridades y lleven consigo documentación que lo acredite.
Esta medida ha generado preocupaciones sobre un posible aumento en la discriminación racial, que afectaría incluso a los residentes legales, según defensores de los derechos de los inmigrantes.
Algunos temen que este plan represente un retroceso hacia una época reciente en la que las autoridades, como los departamentos de policía, obligaban a los inmigrantes a esconderse para evitar ser detenidos debido a su estatus migratorio, lo que aumentaba la inseguridad y el temor en las comunidades.
Un juez federal falló a favor del gobierno de Trump a principios de este mes, desestimando una demanda presentada por grupos de derechos de los inmigrantes, y la política comenzó a aplicarse el 11 de abril. Los funcionarios del gobierno sostienen que simplemente están exigiendo el cumplimiento de una ley que ha estado en vigor durante varias décadas.
De acuerdo con la legislación federal, todas las personas mayores de 14 años sin estatus legal deben registrarse, proporcionar sus huellas dactilares y una dirección. Los padres o tutores de menores de edad también deben asegurarse de que estos se registren.
La falta de cumplimiento con esta normativa es considerada un delito, y la ausencia de documentos puede resultar en prisión y multas.
A la confusión generada por la nueva medida se suman incidentes en los que autoridades han detenido incluso a ciudadanos nacidos en Estados Unidos, extendiendo la incertidumbre a otras políticas migratorias. Además, una aplicación de citas utilizada por residentes temporales ha cancelado permisos de trabajo desde finales de marzo, afectando incluso a ciudadanos estadounidenses.
Varios estados de mayoría republicana han comenzado a rechazar las licencias de conducir emitidas a inmigrantes sin documentación legal.
Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, advirtió que los inmigrantes negros en Estados Unidos enfrentan una aplicación desproporcionada de medidas de perfil racial. Según Jozef, la situación se ha agravado tras un cambio reciente en las políticas migratorias: ahora, incluso personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) o aquellas que se presentaban regularmente ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están siendo detenidas durante sus trayectos habituales.
La activista calificó este fenómeno como una forma de ‘guerra psicológica’, alertando que muchos migrantes con residencia legal temporal viven en constante incertidumbre sobre la necesidad de portar documentos que acrediten su estatus en todo momento.
Esta situación revive momentos oscuros de la historia estadounidense. Durante la esclavitud, los negros liberados debían cargar con ‘documentos de libertad’ para evitar ser capturados y forzados de nuevo a la esclavitud. Más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses de origen japonés fueron obligados a registrarse y portar tarjetas de identidad, antes de ser confinados en campos de internamiento.
Hoy, el renovado endurecimiento de los requisitos de documentación obliga incluso a ciudadanos estadounidenses a portar certificados de nacimiento u otras pruebas de ciudadanía —especialmente si se perciben como “extranjeros”—. Además, migrantes con residencia válida o visas corren el riesgo de ser objeto de perfil racial no sólo por su apariencia física, sino también por otros factores.
