Cada vez faltan menos horas para que, por primera vez, los ciudadanos de México elijan por voto directo a quienes impartirán justicia desde las más altas esferas del Poder Judicial de la Federación.
El domingo 1 de junio se someterán a votación 881 cargos judiciales, entre los que destacan 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial —que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal—, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces y juezas de distrito.
¿CÓMO Y DÓNDE VOTAR?
A unos cuantos días de las elecciones judiciales en el país, todavía hay personas que quizás ya saben por quién votar, pero no tienen idea de dónde están sus casillas.
Para consultar su ubicación, el INE habilitó el sistema ubicatucasilla.ine.mx, el cual solicita los siguientes datos: entidad federativa y número de sección electoral, ambos visibles en la credencial para votar.
Este servicio estará disponible hasta el mismo 1 de junio, día de la elección.
¿QUÉ RECIBIRÁN LOS VOTANTES?
Cada persona recibirá seis boletas de diferentes colores, correspondientes a los distintos cargos judiciales en juego.
Estas estarán organizadas alfabéticamente y divididas por género, para garantizar un proceso equitativo y transparente. Para que el voto sea válido, se deberán escribir en los recuadros superiores de cada papeleta los números identificadores de las candidaturas preferidas.
En un esfuerzo por agilizar el proceso, todas las boletas serán depositadas en una única urna, sin distinción de tipo de elección ni nivel de gobierno. Esta medida busca reducir los tiempos de espera y facilitar la participación ciudadana.
UN PASO HACIA LA JUSTICIA CIUDADANA
Estas elecciones representan una transformación profunda en el modelo de justicia del país, al permitir que por primera vez el pueblo tenga voz directa en la conformación del Poder Judicial.
Con este nuevo esquema, se espera abrir la puerta a una mayor rendición de cuentas y legitimidad de quienes tendrán la responsabilidad de hacer cumplir la ley.