La Universidad de Harvard se enfrentará este lunes al Departamento de Justicia en un tribunal federal en Boston, en un caso que podría tener amplias implicaciones para la autonomía académica en Estados Unidos.
La institución de la Ivy League busca revertir el recorte de 2.6 mil millones de dólares que, según alega, le fue impuesto de manera ilegal por la administración del expresidente Donald Trump.
La audiencia estará a cargo de la jueza de distrito Allison Burroughs, quien escuchará los argumentos de ambas partes en medio de una disputa que combina tensiones políticas, libertad académica y acusaciones de antisemitismo.
¿Qué dice Harvard?
De acuerdo con la demanda interpuesta por Harvard, el gobierno de Trump suspendió fondos federales y canceló contratos de investigación luego de que la universidad rechazara una serie de exigencias enviadas el 11 de abril por un grupo federal contra el antisemitismo.
La carta solicitaba, entre otras cosas, cambios en los programas académicos, reformas en los procesos de admisión, limitaciones a las protestas estudiantiles y la eliminación de programas de diversidad, género e inclusión.
“Este caso trata de los intentos del Gobierno por usar la retención de fondos federales como palanca para controlar las decisiones académicas en Harvard”, afirma la demanda.
La universidad sostiene que aceptar tales condiciones habría comprometido su libertad institucional y afectado su capacidad de investigación e innovación científica.
Harvard no lucho contra el antisemitismo: Casa Blanca
La Casa Blanca, bajo el mando de Trump, justificó los recortes alegando que Harvard se había convertido en un “bastión del liberalismo” y que no estaba combatiendo adecuadamente el antisemitismo, especialmente tras los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel.
Aunque el presidente de Harvard, Alan Garber, aseguró que la universidad está comprometida con erradicar cualquier forma de odio, también advirtió que “ningún gobierno debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quién pueden admitir o qué áreas de investigación pueden seguir”.
Funcionarios de la administración Trump negaron que los recortes fueran una represalia y aseguraron que los contratos ya estaban bajo revisión antes del conflicto.
“Es política de los Estados Unidos no financiar instituciones que no aborden adecuadamente el antisemitismo en sus programas”, indicaron en documentos presentados ante el tribunal.
El fallo de la jueza Burroughs podría sentar un precedente clave para la relación entre las universidades privadas y el poder federal, en un momento en que los campus universitarios se han convertido en terreno fértil para intensas batallas culturales y políticas.
