Los abogados de Kilmar Ábrego García, un trabajador de la construcción originario de El Salvador, han solicitado a un juez federal en Tennessee que posponga su liberación de la cárcel. 

El objetivo: evitar que el gobierno del presidente Donald Trump lo deporte rápidamente, antes de que enfrente un juicio por presunto tráfico de personas.

El juez Waverly Crenshaw Jr., con sede en Nashville, debe decidir en los próximos días si Ábrego García puede quedar en libertad mientras espera el proceso judicial.

De ser liberado, las autoridades de inmigración planean detenerlo de inmediato para deportarlo, aunque no necesariamente a El Salvador, país del que fue expulsado erróneamente en marzo pasado.

Ábrego García se convirtió en un símbolo del debate sobre las políticas migratorias de Trump luego de su deportación en violación a una orden judicial de 2019 que lo protegía debido a amenazas de pandillas en su país natal. Aunque el gobierno lo vinculó con la pandilla MS-13, nunca se presentaron cargos formales en su contra y él ha negado la acusación.

Tras una orden de la Corte Suprema y una creciente presión legal, la administración de Trump lo regresó a Estados Unidos el mes pasado para enfrentar cargos de tráfico de personas. Según sus abogados, estos cargos son “absurdos” y se derivan de una parada de tránsito en Tennessee en 2022, cuando Ábrego García conducía un vehículo con nueve pasajeros. 

A pesar de las sospechas iniciales, en ese momento se le permitió seguir su camino. Aunque una jueza federal, Barbara Holmes, determinó que Ábrego García no representa un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad y autorizó su liberación, los fiscales federales apelaron la decisión. 

Ahora el caso está en manos del juez Crenshaw, quien debe resolver si mantiene o revoca la orden.

Curiosamente, fueron los propios abogados de Ábrego García quienes cambiaron su estrategia legal. 

Inicialmente buscaban su liberación, pero al conocer los planes del gobierno para deportarlo a otro país —como México o Sudán del Sur—, ahora piden mantenerlo en prisión de forma temporal. El domingo por la noche, solicitaron una suspensión de 30 días de cualquier orden de liberación, con el fin de “evaluar sus opciones legales”.

Mientras tanto, en un tribunal federal de Maryland, la esposa de Ábrego García, la ciudadana estadounidense Jennifer Vasquez Sura, ha entablado una demanda contra la administración Trump por la deportación ocurrida en marzo. Busca impedir que su esposo sea expulsado nuevamente.

Si bien en 2019 un juez de inmigración autorizó su deportación, la orden excluía expresamente a El Salvador. Tras ese fallo, Ábrego García fue liberado bajo supervisión federal, obtuvo un permiso de trabajo y cumplió con sus citas ante ICE. 

Sin embargo, recientemente el gobierno revocó esa supervisión, lo que reactivó el riesgo de deportación.

Los abogados también han pedido a la jueza federal Paula Xinis, en Maryland, que ordene el traslado de Ábrego García a ese estado para que espere su juicio ahí, lo que podría dificultar su expulsión. 

Además, solicitaron una orden temporal de al menos 72 horas para frenar cualquier intento inmediato de deportación si es liberado de la cárcel en Tennessee. Hasta el momento, la jueza no ha emitido un fallo.