La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un órgano encargado de realizar un diagnóstico profundo del sistema electoral y de partidos políticos en el país, con la finalidad de proponer una reforma legislativa que responda a los desafíos actuales de la democracia mexicana.
La comisión será presidida por Pablo Gómez Álvarez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE).
Su experiencia en el ámbito electoral será clave para coordinar los trabajos de análisis y elaboración de propuestas.
Este anuncio llega en un contexto político delicado, luego de que en la administración anterior se intentara implementar reformas constitucionales conocidas como el “Plan B”, que buscaban eliminar candidatos plurinominales y reducir el financiamiento a partidos políticos, pero que fueron rechazadas y declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia.
Diversos partidos, tanto de oposición como aliados de Morena, han expresado su preocupación por la posibilidad de una imposición unilateral en esta nueva reforma, así como la intención de reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), una institución considerada como un pilar fundamental para la democracia en México.
La comisión tendrá la responsabilidad de coordinarse con legisladores, expertos y la sociedad civil, para evitar conflictos y lograr consensos, especialmente en vista de las elecciones intermedias previstas para 2027.
Retos políticos
La postura crítica de partidos pequeños como el Partido Verde y el PT, además de ciertas tensiones internas dentro de Morena, anticipan que Pablo Gómez enfrentará un reto político complejo al intentar diseñar una reforma electoral que sea aceptada ampliamente y que fortalezca la democracia sin generar más división.
Antecedentes de reformas electorales en México
En los últimos años, México ha vivido procesos de reforma electoral que han buscado equilibrar la representación proporcional y el financiamiento de los partidos políticos.
Sin embargo, la polarización política ha dificultado alcanzar acuerdos duraderos, lo que subraya la importancia de la nueva comisión presidencial para lograr un diseño más consensuado y efectivo.
