Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, envió una nueva carta al juez Brian Cogan, quien lo sentenció a cadena perpetua en 2019, para acusar al gobierno de Estados Unidos de negarle el derecho de comunicarse con su nuevo abogado, José Israel Encinosa.

Según el documento, a pesar de que Encinosa recibió autorización desde hace meses para visitarlo, llamarlo y enviarle correspondencia, ninguno de esos accesos ha sido posible.

En la misiva, Guzmán explica que su abogado ha esperado más de tres semanas tras recibir la autorización sin que el Buró Federal de Prisiones (BOP) le haya concedido el acceso.

Además, afirma que las cartas legales enviadas por Encinosa tampoco le han sido entregadas dentro de la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

Obstáculos legales persistentes
Guzmán Loera se encuentra bajo el régimen de Medidas Administrativas Especiales (SAMs), una figura legal que limita severamente las comunicaciones de reos considerados de alto riesgo.

Bajo este esquema, incluso el contacto con sus abogados o familiares está sujeto a restricciones extremas.

El narcotraficante ha sostenido que esta condición viola sus derechos legales, al dificultar su capacidad de organizar su defensa o presentar recursos legales.

Hasta el momento, solo su anterior abogada, Mariel Colón, ha podido visitarlo.

El Chapo también denunció que no ha podido ver a su esposa Emma Coronel ni a sus hijas gemelas, lo cual, a su juicio, agrava las condiciones inhumanas de su encarcelamiento.

La carta y su impacto legal
Esta es la segunda carta que Joaquín Guzmán dirige en menos de tres meses al juez Cogan.

En su texto, insiste en que la negativa de las autoridades carcelarias estadounidenses podría estar entorpeciendo el ejercicio de su defensa, y solicitó que se tomen medidas para garantizar que su abogado pueda finalmente comunicarse con él.

Este tipo de reclamos ha sido constante en la etapa posterior a su condena, en la que sus abogados buscan recursos de apelación o revisión judicial bajo el argumento de que sus derechos constitucionales han sido vulnerados desde su extradición en 2017.

Restricciones del régimen SAMs
El régimen de Medidas Administrativas Especiales se impone a presos considerados extremadamente peligrosos o con alta probabilidad de seguir dirigiendo actividades criminales desde prisión.

Bajo estas condiciones, los internos enfrentan aislamiento total, monitoreo constante y solo pueden comunicarse con personas previamente autorizadas.

En el caso de Guzmán, estas medidas han sido ampliamente criticadas por organismos de derechos humanos.