El repudio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los inmigrantes indocumentados ha llegado a un nuevo nivel:
Este jueves, ordenó realizar un censo inusual con el objetivo de excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo poblacional, una medida que podría redefinir la representación en el Congreso y encender una nueva batalla legal entre republicanos y demócratas.
Por medio de su plataforma Truth Social, el mandatario republicano escribió:
“He dado instrucciones a nuestro Departamento de Comercio para que comience de inmediato a trabajar en un CENSO nuevo y sumamente preciso basado en hechos y cifras actuales y, lo que es más importante, utilizando los resultados y la información obtenidos de las elecciones presidenciales de 2024”.
“Las personas que están en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTABILIZADAS EN EL CENSO”.
Choque constitucional y legal en puerta
La orden de Trump representa un golpe directo a la Constitución estadounidense, la cual estipula que la distribución de escaños en la Cámara de Representantes se basa en el “número total de personas libres”, lo que incluye tanto a ciudadanos como a inmigrantes legales e ilegales.
Cabe destacar que en la actualidad, la Oficina del Censo de Estados Unidos cuenta a todas las personas nacidas en el extranjero, sin importar su estatus migratorio.
Esta no es la primera vez que Trump intenta influir en el censo. Durante su primer mandato, propuso agregar una pregunta sobre ciudadanía al censo de 2020, medida que fue bloqueada tras múltiples reveses legales.
Un paso inusual y potencialmente inconstitucional
Aunque la Constitución exige un censo cada 10 años, los recuentos a mitad de década, como el anunciado hoy por Trump son extremadamente raros.
El intento más reciente se remonta a 1975, pero nunca se concretó. Expertos señalan que históricamente, este tipo de censos interdecenales han requerido autorización del Congreso, no órdenes unilaterales del presidente.
Por ello, es probable que la nueva iniciativa de Trump enfrente demandas judiciales inmediatas, especialmente por parte de legisladores demócratas y organizaciones defensoras de derechos civiles.
Redistribución y estrategia política
El anuncio llega en un momento de creciente tensión en torno a la redistribución de distritos electorales. Tras el censo de 2020, estados como Texas, Florida y Carolina del Norte ganaron escaños, mientras que bastiones demócratas como California, Nueva York y Illinois perdieron representación.
Además, el conteo de 2020 fue cuestionado por subestimar poblaciones en varios estados republicanos y sobreestimar las de algunos estados demócratas, lo que Trump ha citado como argumento para un nuevo censo.
El mes pasado, republicanos en Texas, impulsados por Trump, intentaron redibujar el mapa electoral para ganar hasta cinco escaños adicionales en 2026. Aunque los demócratas bloquearon temporalmente ese esfuerzo huyendo del estado durante una sesión especial, la lucha continúa.
En respuesta, demócratas de estados como California y Nueva York han amenazado con revisar también sus mapas electorales, pese a que en lugares como California, la constitución prohíbe expresamente la redistribución a mitad de década.
La mira en las elecciones de medio término
Trump y los republicanos buscan evitar el patrón histórico que indica que el partido en el poder suele perder escaños en las elecciones de mitad de período.
Desde 1938, solo en dos ocasiones (1998 y 2002) el partido presidencial evitó ese destino. Trump sabe que una pérdida de la mayoría republicana en la Cámara abriría la puerta a investigaciones en su contra y reduciría drásticamente su margen de maniobra en los dos años restantes de su segundo mandato.
Con el nuevo censo como punta de lanza, Trump intensifica la guerra por el control político del Congreso, en un escenario donde la manipulación de mapas electorales podría ser tan decisiva como el voto mismo.
