El cierre del gobierno en Estados Unidos entró en su segundo día con una dinámica inédita: Donald Trump lo transformó en un instrumento de presión política y, al mismo tiempo, en una oportunidad para reconfigurar la fuerza laboral federal: despedir burócratas.  

En lugar de seguir la práctica habitual de suspender temporalmente a empleados, la Casa Blanca, de la mano de Russ Vought, director de presupuesto, prepara despidos masivos y recortes irreversibles en agencias ligadas a las prioridades demócratas.

“No puedo creer que los demócratas me hayan dado esta oportunidad sin precedentes”,

escribió el presidente en redes sociales, en un mensaje que evidenció su disposición a aplicar los lineamientos del polémico Proyecto 2025, impulsado por la Fundación Heritage.

Los primeros pasos de esa estrategia ya se observan. Vought anunció la retención de 18 mil millones de dólares destinados a proyectos de infraestructura clave en Nueva York, como el túnel ferroviario del río Hudson y la segunda línea del metro, respaldados por Chuck Schumer y Hakeem Jeffries.

A ello sumó la cancelación de ocho mil millones de dólares en iniciativas de energía verde en estados con representación demócrata en el Senado.

El movimiento generó alarma entre la oposición, que interpreta la medida como un intento deliberado de castigar a los distritos rivales, además de colocar a los legisladores en una disyuntiva: aceptar las condiciones de la Casa Blanca o cargar con el costo político de mantener paralizado al gobierno.

En paralelo, la Casa Blanca afina los despidos como una demostración de fuerza. La vocera Karoline Leavitt advirtió que las notificaciones son “inminentes”, una señal de que el presidente busca marcar distancia respecto a los cierres anteriores, donde los trabajadores quedaban suspendidos pero mantenían la expectativa de regresar a sus puestos.

Esta vez, el golpe es más profundo: una remodelación de agencias federales que, según observadores del presupuesto, podría borrar programas dedicados a medio ambiente, pobreza y equidad racial.

El propio Vought ha usado la herramienta conocida como “rescisión de bolsillo” para devolver al Congreso fondos no gastados al final del año fiscal, lo que deja en el aire miles de millones de dólares que ya estaban aprobados.

Las implicaciones van más allá de la coyuntura. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el cierre afecta diariamente a unos 750 mil empleados, con pérdidas de 400 millones de dólares en salarios y un efecto directo sobre la demanda agregada del sector privado.

En cierres previos, esta reducción temporal del consumo recortó el PIB, aunque se recuperó una vez reanudadas las operaciones. Sin embargo, analistas advierten que la presión prolongada de Trump podría desatar un daño más duradero, ya que la incertidumbre mina la confianza de los mercados y multiplica el descontento social frente a una economía debilitada.

El verdadero objetivo de Trump y Vought no es solo el pulso con los demócratas, sino un rediseño de la burocracia federal en función de su agenda: menos gasto social, más recursos para defensa y seguridad, y una concentración del poder presidencial frente a un Congreso paralizado por las disputas políticas.