La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, marcó distancia este jueves respecto a la retroactividad que el Senado introdujo de último momento en la reforma a la ley de amparo. La disposición, agregada la noche del miércoles en el Pleno por el senador morenista Manuel Huerta, obliga a que asuntos en curso se juzguen conforme a la nueva legislación, pese a que no formaba parte de la iniciativa original ni del dictamen trabajado en comisiones.

“Hay que respetar la Constitución, que establece claramente que no debe haber retroactividad”,

afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

“Tendría que cambiarse la Constitución, pero en las leyes no puede haber retroactividad, eso es lo primero”,

agregó, antes de subrayar que revisará por qué se incorporó un transitorio que, en sus palabras, “no era necesario”.

La crítica presidencial apunta directamente al Artículo 14 de la Carta Magna, que prohíbe dar efecto retroactivo a una ley en perjuicio de persona alguna. En sentido estricto, solo se permite aplicar una norma nueva a casos anteriores cuando beneficia a la persona juzgada.

De ahí que la disposición añadida en el Senado genere un problema legal y político que ahora recaerá en la Cámara de Diputados.

Una reforma bajo la lupa

La iniciativa presidencial, presentada el 15 de septiembre, ya había desatado polémica. Entre los puntos más cuestionados estaba la restricción al concepto de interés legítimo, que limita la posibilidad de que colectivos interpongan amparos cuando no puedan demostrar una afectación directa. Para organizaciones civiles, esta medida buscaba frenar litigios ambientales como los presentados contra megaproyectos del Gobierno, incluido el Tren Maya.

Otro foco de críticas fue la intención de restringir las suspensiones provisionales que un juez puede decretar mientras se resuelve un juicio. Expertos advirtieron que, de aprobarse, una obra podría avanzar hasta generar un daño irreversible antes de que hubiera sentencia definitiva.

Tras intensas audiencias públicas en la Cámara Alta, varias de estas preocupaciones fueron incorporadas al dictamen final, según defendió el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral.

“Este dictamen no es producto de un trámite cerrado, sino de un proceso plural y transparente”, aseguró. Sin embargo, en la víspera de la votación, se introdujo el transitorio sobre retroactividad que nunca se consideró.

Sheinbaum se desmarca

La intervención presidencial busca enfriar los cuestionamientos de quienes ven en la reforma un intento de cerrar la puerta a litigios fiscales como los que enfrenta el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los críticos más férreos de la llamada Cuarta Transformación. El magnate mantiene un adeudo con el fisco estimado en 75.000 millones de pesos, y sus abogados han recurrido de forma reiterada al juicio de amparo para frenar resoluciones adversas.

De hecho, el exministro Arturo Zaldívar, hoy colaborador del Gobierno, defendió la reforma desde el púlpito presidencial hace dos semanas, al subrayar que la intención es evitar amparos sucesivos contra sentencias firmes de la Suprema Corte.

Sin embargo, con la cláusula de retroactividad que no estaba originalmente en el proyecto, la sospecha de que la reforma se redacta con dedicatoria gana fuerza, pese a que la presidenta asegura que no fue su iniciativa.

La iniciativa de reforma a la ley de amparo pasa ahora con los diputados

La iniciativa para la reforma a la Ley de Amparo fue aprobada en el Senado con 76 votos a favor y 39 en contra, tras una sesión de más de seis horas.

Ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde se espera un intenso debate sobre la constitucionalidad del transitorio. La oposición ha advertido que, de mantenerse, recurrirá a la Suprema Corte para invalidar la reforma.

En este contexto, Sheinbaum parece delegar a los diputados la tarea de enmendar la cláusula de retroactividad aprobada por sus correligionarios en el Senado.