Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron un ataque en el mar Caribe contra una embarcación sospechosa de tráfico de drogas proveniente de Venezuela.
El presidente Donald Trump confirmó que al menos seis personas murieron durante la operación, la cual describió como una acción “exitosa” en el marco de su ofensiva contra los cárteles de droga.
Sobrevivientes bajo custodia
Luego del ataque, las autoridades estadounidenses informaron que varios sobrevivientes fueron capturados y permanecen bajo resguardo militar.
Es la primera ocasión en la que se reportan detenidos vivos en este tipo de misiones, parte de una serie de ofensivas marítimas que, desde septiembre, han dejado más de 28 muertos.
Argumentos del gobierno estadounidense
Trump aseguró que el objetivo era un submarino narco, utilizado por grupos criminales para trasladar drogas hacia Norteamérica.
Añadió que la operación se ejecutó en aguas internacionales, con el respaldo de información de inteligencia y la participación de la Marina estadounidense.
Según fuentes del Pentágono, estas acciones forman parte de una estrategia de “disuasión total” contra las rutas marítimas de narcotráfico que conectan a Sudamérica con el Caribe.
Debate legal y reacciones
Expertos en derecho internacional advirtieron sobre los riesgos jurídicos del operativo, señalando que los sobrevivientes podrían no contar con protección legal clara.
Diversos legisladores de ambos partidos exigieron a la Casa Blanca transparencia en la aplicación de la fuerza y en la justificación legal de las operaciones marítimas.
Abogados especializados recordaron que las leyes estadounidenses no autorizan al presidente a declarar guerra a los cárteles sin aprobación del Congreso.
Declaración de conflicto con los cárteles
El expresidente Donald Trump ha sostenido que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de droga.
Esa postura le permite justificar ataques militares bajo la legislación de conflictos armados, aunque analistas y organismos de derechos humanos han criticado esta interpretación expansiva del poder ejecutivo.
