La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el martes 4 de noviembre de 2025 el denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Sheinbaum aseguró que el gobierno federal reforzó la presencia de fuerzas federales en la región desde el día anterior al anuncio.
En su declaración, remarcó que el plan se construirá “desde abajo”, con la participación de comunidades originarias, autoridades tradicionales e iglesias.
Tres ejes… que ya habían sido promesa
El plan se estructura en tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico, y educación y cultura para la paz.
En seguridad y justicia se propone reforzar la presencia de fuerzas federales, una fiscalía especializada en delitos de alto impacto, mesas quincenales de seguridad y alertas para alcaldes.
En desarrollo económico se prometen garantías de seguridad social para jornaleros agrícolas, inversión rural y polos de bienestar.
En educación y cultura para la paz el plan contempla escuelas de cultura de paz, programa de reinserción a víctimas, centros regionales de arte y deporte.
¿Un plan que llega tarde o una respuesta ante la presión?
El anuncio se dio justamente cuando Michoacán ya vivía múltiples ataques letales contra alcaldes y productores agrícolas, y la narrativa oficial de “la violencia baja” comenzaba a resquebrajarse.
Que la estrategia llegue después del asesinato público de un alcalde hace preguntarse si el plan es reactivo más que preventivo.
Aunque Sheinbaum afirma que “la seguridad no se sostiene con guerras sino con justicia, desarrollo y respeto”, la tragedia sucedida demuestra que el riesgo estaba presente y se materializó.
Del discurso a la calle
La muerte de Carlos Manzo detonó movilizaciones y críticas hacia las autoridades estatales y federales, que insisten en que los datos muestran una disminución de homicidios mientras los asesinatos de alcaldes se elevan.
La sensación general es que la estrategia de mano menos dura aún no convence a quienes viven bajo peligro constante.
