Diputados avalan ley contra la extorsión; penas de hasta 42 años de prisión
Con 409 votos a favor obtenidos en la Cámara de Diputados, el proyecto ahora será enviado al Ejecutivo para su promulgación.
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La Cámara de Diputados de México aprobó esta semana una nueva ley federal contra la extorsión que endurece las penas de cárcel hasta un máximo de 42 años, en respuesta al crecimiento sostenido de este delito en los últimos años.
Con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, los legisladores avalaron el proyecto que el Senado ya había aprobado la semana pasada y que ahora será enviado al Ejecutivo para su promulgación.
LEY CONTRA LA EXTORSIÓN: ¿CUÁL ES SU FINALIDAD?
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de un plan nacional lanzado en julio para combatir la extorsión, busca unificar criterios y sanciones en todo el país.
De acuerdo con cifras oficiales, este delito creció 5% en los primeros diez meses del año respecto al mismo periodo de 2024.
La nueva legislación establece un tipo penal único y penas homologadas en las 32 entidades federativas que van de 15 a 25 años de cárcel, además de multas. Sin embargo, la prisión puede incrementarse hasta 42 años cuando existan agravantes. El uso de “dispositivos, medios, servicios o plataformas” para cometer extorsión también elevará las sanciones entre cinco y 12 años adicionales.
Asimismo, se contemplan penas de 10 a 20 años y multas para los funcionarios que omitan denunciar casos de extorsión, y castigos de tres a cinco años de prisión para autoridades penitenciarias que faciliten o permitan estas prácticas. Según investigaciones oficiales, el 56% de las llamadas utilizadas para extorsionar provienen de 12 centros penitenciarios del país.
DENUNCIAS ANÓNIMAS
Para combatir la cifra negra —que ronda el 97% de casos no denunciados—, la ley permitirá perseguir la extorsión de oficio y habilitará denuncias anónimas con el fin de proteger a las víctimas. También prevé el bloqueo inmediato de los números utilizados para estos delitos y mayor colaboración por parte de las empresas de telecomunicaciones.
El paquete de reformas incluye modificaciones al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a diversas leyes complementarias.
La aprobación de la iniciativa ocurre poco más de un mes después del asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores de limón en Michoacán, quien había denunciado públicamente las extorsiones del crimen organizado. Bravo fue encontrado muerto el 20 de octubre dentro de un vehículo en Apatzingán, tras recibir un disparo en la cabeza.
La extorsión se ha consolidado como una práctica cotidiana en varias regiones del país, utilizada particularmente por grupos criminales que controlan actividades productivas locales. Solo en el sector empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reportó que los costos asociados a este delito alcanzaron los 1.000 millones de dólares entre enero y septiembre de este año.
