El gobierno federal sostiene que Grupo Salinas mantiene una deuda acumulada por 4 000 millones de dólares, producto de litigios fiscales que permanecen abiertos desde hace años.
Diversas resoluciones del Poder Judicial han reforzado la postura oficial, al confirmar montos significativos a favor del Estado.
Ricardo Salinas Pliego reconoce ciertos adeudos, pero afirma que la cifra real sería cercana a 400 millones de dólares, muy lejos del monto reclamado por la autoridad.
Respuestas y acciones oficiales
La administración federal ordenó la suspensión de operaciones de dos casinos vinculados al conglomerado, dentro de un proceso de revisión más amplio.
Además, instruyó la verificación de contratos federales, concesiones y permisos previamente otorgados a empresas del grupo.
El empresario respondió acusando al gobierno de ejercer presión política, señalando que las medidas buscan desestabilizar sus negocios.
Política y económicas
Analistas coinciden en que este conflicto no es únicamente fiscal, sino una confrontación entre el poder presidencial y una de las élites empresariales más influyentes del país.
El caso podría convertirse en un precedente crítico sobre cómo el Estado aplica su política tributaria a los grandes corporativos.
También se advierte un posible efecto en la confianza empresarial, especialmente en sectores regulados.
Escenario posible y riesgos
Si la negociación no avanza, el gobierno podría aplicar embargos, cancelaciones de concesiones o sanciones adicionales.
Por otro lado, un acuerdo parcial permitiría establecer nuevos criterios de cumplimiento para litigios de alto impacto económico.
La relación gobierno-empresa
La confrontación podría transformar la forma en que el gobierno interactúa con los grandes grupos económicos, obligando a reforzar mecanismos de transparencia, auditoría y responsabilidad fiscal en futuras negociaciones.
La élite empresarial sigue el caso con atención, anticipando cambios en la política tributaria nacional.
