Este martes, el Tribunal Superior de Seúl elevó a cuatro años de prisión la condena contra Kim Keon Hee, esposa del destituido expresidente Yoon Suk Yeol, tras hallarla culpable de más delitos de corrupción.

Diamantes y Chanel condenaron a la ex primera dama surcoreana 

La ex primera dama había sido sentenciada inicialmente en enero a 20 meses de cárcel por recibir lujosos obsequios —entre ellos un collar de diamantes de la firma Graff y un bolso de Chanel— por parte de la Iglesia de la Unificación, a cambio de presuntos favores políticos. En ese fallo, sin embargo, había sido absuelta del cargo de manipulación bursátil.

Tras la apelación de ambas partes, la corte determinó que Kim también incurrió en manipulación de precios de acciones y que recibió beneficios adicionales de la misma organización religiosa, lo que derivó en el aumento de la pena.

La imposición de ley marcial que cambió todo

El caso se enmarca en la estrepitosa caída de la pareja presidencial, desencadenada por la polémica decisión de Yoon de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. 

La medida provocó su suspensión mediante juicio político y posterior destitución, además de múltiples procesos penales en su contra. De hecho, el exmandatario fue condenado a cadena perpetua en febrero por rebelión, tras intentar tomar el control de la Asamblea Nacional con apoyo militar y policial.

En su resolución, el Tribunal Superior señaló que Kim “no cumplió con las expectativas de integridad pública” y que, por el contrario, aprovechó su cercanía con el poder para obtener beneficios indebidos.

Tras las rejas desde 2025

Aunque los fiscales han aclarado que Kim no participó en la imposición de la ley marcial, su implicación en diversos escándalos debilitó la imagen del gobierno de Yoon desde antes de su caída. La ex primera dama permanece en prisión desde agosto de 2025, cuando un tribunal ordenó su arresto ante el riesgo de destrucción de pruebas.

Tanto la defensa de Kim como el fiscal especial independiente, encabezado por Min Joong-ki, tienen ahora una semana para recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo de Corea del Sur. 

Mientras tanto, el caso continúa profundizando una de las crisis políticas más severas en la historia reciente del país asiático.