El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una serie de leyes que destinan 50 millones de dólares para proteger las políticas estatales ante los desafíos del gobierno del presidente Donald Trump y para apoyar a los inmigrantes frente a posibles deportaciones masivas.
La nueva legislación asigna 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de California para financiar batallas legales contra el gobierno federal. Otros 25 millones de dólares se destinarán a organizaciones que brindan defensa legal a inmigrantes en riesgo de deportación.
Esta medida llega en medio de renovadas tensiones entre California y la administración Trump. Durante su primer mandato, el republicano tuvo varios enfrentamientos con el estado en temas como regulación ambiental, gestión del agua y derechos de los inmigrantes.
Ahora, en el inicio de su segundo mandato, estos conflictos vuelven a tomar protagonismo.
“Los californianos están siendo amenazados por una administración descontrolada que no se preocupa por la Constitución y que piensa que no hay límites para su poder”, señaló en un comunicado el presidente de la Asamblea, Robert Rivas. “Es por eso que estamos produciendo una legislación que asignará recursos para defender a los californianos de esta amenaza urgente”.
El anuncio de Newsom se produjo poco después de su viaje a Washington, donde se reunió con Trump y miembros del Congreso en busca de ayuda federal para la recuperación de los incendios en el área metropolitana de Los Ángeles.
Los devastadores incendios de enero dejaron más de 20 víctimas fatales y destruyeron comunidades enteras.
Además de esta financiación legal, Newsom firmó recientemente un paquete de 2.500 millones de dólares para apoyar la respuesta estatal a los incendios, incluyendo evacuaciones, alojamiento para sobrevivientes y eliminación de residuos peligrosos.
Su administración confía en que el gobierno federal reembolsará parte de estos costos.
FONDOS CONTRA ADMINISTRACIÓN DE TRUMP GENERA CRÍTICAS ENTRE REPUBLICANOS
Legisladores opositores argumentan que esta estrategia desvía la atención de la reconstrucción tras los incendios y cuestionan si los recursos podrían ser utilizados para defender a inmigrantes con antecedentes penales graves.
En respuesta, Newsom aseguró que los fondos no se destinarán a ese propósito y sugirió que, si es necesario, la Legislatura apruebe leyes para aclararlo. En un comunicado, el gobernador enfatizó que esta financiación busca “proteger los derechos civiles de los residentes más vulnerables de California”.
California tiene una larga historia de enfrentamientos legales con el gobierno federal. Durante el primer mandato de Trump, el estado presentó más de 120 demandas contra su administración, con un costo total de aproximadamente 42 millones de dólares.
