El Congreso de El Salvador aprobó una ambiciosa ley anticorrupción y ha reformado el Código Penal para aumentar las penas de prisión por delitos relacionados, en un esfuerzo del gobierno del presidente Nayib Bukele por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el país.

Con 59 votos a favor de los 60 diputados del Congreso unicameral—controlado en su mayoría por el oficialismo—la ley obtuvo un amplio respaldo. Incluso los legisladores de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) apoyaron la iniciativa, mientras que la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, optó por abstenerse.

MÁS TRANSPARENCIA PARA FUNCIONARIOS Y FAMILIARES

La nueva normativa exige que todos los funcionarios y empleados públicos presenten, además de su declaración de renta anual, un informe detallado sobre sus bienes y deudas. Esta información será publicada por el Ministerio de Hacienda en un plazo de 15 días, asegurando mayor transparencia en la gestión pública. La obligación también se extiende a sus cónyuges e hijos.

Esta no es la primera medida de este tipo: en 2021, el Congreso salvadoreño eliminó la prescripción de los delitos de corrupción, permitiendo que exfuncionarios puedan ser investigados hasta 30 años después de haber cometido un ilícito.

ENDURECEN PENAS POR CORRUPCIÓN

Con la reforma penal, los castigos para los delitos de corrupción serán significativamente más severos. Por ejemplo:

  • Peculado (si el daño supera los 100 mil dólares): entre 12 y 15 años de prisión.
  • Negociaciones ilícitas: de 12 a 15 años de cárcel.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó que esta ley refuerza la transparencia y la probidad de los funcionarios, además de endurecer las sanciones contra quienes cometan actos de corrupción.

Durante el debate legislativo, Christian Guevara, jefe de la bancada oficialista, subrayó que estos delitos no prescribirán y advirtió que la justicia alcanzará incluso a quienes han buscado asilo en otros países.

MÁS DELITOS Y PENAS MÁS SEVERAS

Además de las reformas anticorrupción, el Congreso endureció las penas para una veintena de delitos en el Código Penal. Algunos de los cambios incluyen:

  • Homicidio simple: hasta 35 años de prisión.
  • Homicidio agravado: hasta 60 años.
  • Robo: hasta 20 años.
  • Robo agravado: hasta 30 años.

Asimismo, se creó el delito de “dilaciones procesales”, castigado con entre 4 y 8 años de prisión para funcionarios o abogados que retrasen deliberadamente los procesos judiciales. También se estableció la “excusa absolutoria”, que permite eximir de pena, una sola vez, a quien repare completamente el daño en casos de hurto.

Finalmente, el Congreso eligió al abogado Walter Salvador Sosa Funes como nuevo presidente de la Corte de Cuentas de la República, un cargo que estaba vacante desde septiembre de 2024 tras la salida de Roxana Soriano, quien fue nombrada magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral.