La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 476 votos a favor, una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permitirá al personal de seguridad de empresas públicas y órganos autónomos portar armas para proteger instalaciones estratégicas del país.
Con esta medida, empleados de instituciones como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Banco de México, la Casa de Moneda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrán utilizar armamento en el cumplimiento de funciones de resguardo y vigilancia.
La iniciativa, que fue modificada respecto a la propuesta original presentada por el expresidente López Obrador, también facilita la obtención de permisos para que ciudadanos tengan un arma de fuego en su domicilio y puedan ejercer su derecho a la legítima defensa, especialmente ante el aumento de violencia generada por el crimen organizado.
El dictamen avalado establece que quienes participen en la introducción ilícita de armas, cargadores reservados para uso militar o aditamentos para modificar armas semiautomáticas enfrentarán penas de 7 a 30 años de prisión, además de multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA.
Los legisladores reconocieron que estas reformas representan un fortalecimiento del control sobre la posesión de armas, al tiempo que reconocen el derecho ciudadano a la defensa propia dentro del ámbito doméstico. También se incluyen campañas educativas para fomentar el uso responsable y legal de las armas.
Asimismo, se reconoce el derecho de comunidades ejidales y comunales a poseer armamento con fines lícitos, bajo calibres permitidos. En contraste, se prohíbe que militares retirados utilicen armas propias para brindar servicios de seguridad privada.
Finalmente, quienes dispongan de forma indebida de armamento perteneciente a instituciones de seguridad pública enfrentarán penas de 7 a 15 años de cárcel y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA. La reforma fue turnada al Senado para su análisis y votación.
