En menos de una semana, un operativo coordinado entre agencias federales, estatales y locales resultó en la detención de 1,120 personas acusadas de estar ilegalmente en Estados Unidos, marcando un récord para este tipo de redadas en Florida. 

Las autoridades atribuyen este resultado al aumento de agencias policiales que se han sumado a los esfuerzos impulsados por el presidente Donald Trump para intensificar las deportaciones.

El gobernador Ron DeSantis, firme aliado de estas políticas, se unió a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional para celebrar los resultados de la operación. 

“Continuaremos participando en amplios esfuerzos policiales internos. Esto es sólo el comienzo”, advirtió durante una rueda de prensa.

Las detenciones se produjeron gracias a un marco legal que permite a agencias locales colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En diciembre, existían 135 acuerdos de cooperación en 21 estados; actualmente, la cifra ha aumentado a 517 en 39 estados, y hay 74 más en proceso de aprobación.

La administración Trump promovió esta colaboración y, al mismo tiempo, ejerció presión sobre los gobiernos locales que se niegan a colaborar, catalogándolos como “jurisdicciones santuario” y amenazando con represalias legales. Críticos de esta estrategia advierten que permite la aplicación discrecional de leyes migratorias por autoridades locales que, en muchos casos, carecen de formación especializada.

“Esto es hallar métodos para aterrorizar a comunidades”, denunció Katie Blankenship, abogada de inmigración y cofundadora de Sanctuary of the South. Según ella, estas prácticas aumentan el riesgo de discriminación y abuso.

El ICE, con unos 6,000 agentes, no tiene capacidad para cumplir por sí solo la ambiciosa meta de deportar a millones de personas. Por ello, la colaboración estatal es clave. Texas, con 76 acuerdos —incluyendo uno reciente con la Guardia Nacional—, ocupa el segundo lugar en número de convenios, solo detrás de Florida, donde las 67 agencias policiales de condado ya participan activamente. 

Algunas de ellas, como el Departamento de Lotería y la Comisión de Pesca y Vida Silvestre, poco tienen que ver con la aplicación de leyes migratorias.

Durante la presidencia de Joe Biden no se firmaron nuevos acuerdos de este tipo. Sin embargo, muchos de los nuevos convenios bajo la administración Trump retoman el modelo de “fuerza especial”, que permite arrestos en calles y comunidades, una estrategia eliminada por Barack Obama en 2012 tras denuncias de racismo y abusos.

La operación, bautizada como “Ola Gigante”, fue calificada por ICE como la redada más grande realizada en un solo estado desde la fundación de la agencia en 2003. 

Las autoridades indicaron que entre los arrestados hay personas con condenas penales, miembros de pandillas como MS-13 y Tren de Aragua, y otros buscados por la justicia. La mayoría provenía de Guatemala (437 personas) y México (280). Sin embargo, solo se dieron a conocer los nombres de ocho detenidos, todos con antecedentes penales.

Grupos como la Florida Immigrant Coalition (FLIC), que agrupa a más de 80 organizaciones, cuestionaron la falta de transparencia y señalaron que no se ha demostrado que los detenidos representaran una amenaza para la seguridad pública.