Un grupo clave de legisladores republicanos bloqueó el avance del plan fiscal propuesto por el expresidente Donald Trump, a pesar de las presiones públicas del magnate para lograr apoyo total de su partido.

La propuesta incluye recortes tributarios masivos, nuevos beneficios fiscales y un controvertido impuesto del 5 % a las remesas enviadas fuera de Estados Unidos.

La inclusión de un impuesto a las remesas provocó duras críticas del gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como “una injusticia” y “una acción discriminatoria” que afectaría directamente a los migrantes mexicanos que residen en EE.UU.

Esta reacción diplomática se suma a las crecientes tensiones entre ambos países respecto al trato a los migrantes.

Una rebelión republicana en el Congreso

Durante una sesión del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, cinco republicanos votaron en contra del plan fiscal, suficiente para frenar su avance. 

“Estamos emitiendo cheques que no podemos cobrar”, declaró el legislador Chip Roy.

“Este proyecto no cumple con nuestras promesas sobre los déficits”, añadió.

El plan, apodado por Trump como “EL GRAN Y HERMOSO PROYECTO DE LEY”, incluía extensiones de recortes fiscales anteriores, exenciones para propinas y horas extras, y beneficios para adultos mayores y familias con hijos.

Sin embargo, también contemplaba limitar el acceso al programa Medicaid, lo que generó divisiones entre conservadores y centristas del Partido Republicano.

El costo y las tensiones internas

Jason Smith, presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios, estimó que el costo del paquete ronda los 3.9 billones de dólares, por debajo del umbral de 4.5 billones considerado por los republicanos.

Sin embargo, la falta de consenso sobre cómo financiar estos recortes, junto con las restricciones propuestas al Medicaid y SNAP, provocaron inquietud incluso dentro de las propias filas del partido.

Mientras Trump insiste en que la propuesta “beneficiará a todos los estadounidenses”, la resistencia interna sugiere que el megaproyecto fiscal podría quedar estancado en el Congreso, al menos por ahora.