El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, enfrenta un proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche.
La petición se basa en un presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Campeche.
Esta solicitud se suma a otra presentada en 2022 por enriquecimiento ilícito. Moreno ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas de falsedades y asegura contar con una orden judicial para archivar la primera petición.
Declaraciones y respuesta política
En su cuenta de X (antes Twitter), Moreno denunció una “persecución política brutal” en su contra, acusando que las fiscalías se usan como garrote para intimidar a opositores y desviar la atención del gobierno actual sobre su presunta relación con el crimen organizado y la crisis nacional.
Además, anunció que presentará denuncias contra miembros de Morena que, según él, están vinculados con el narcotráfico.
Avances del proceso y apoyo político
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados está lista para emitir un dictamen que podría retirar la inmunidad constitucional a Moreno, abriéndolo a procesos penales.
El PRI y la coalición Va por México han manifestado su respaldo al dirigente, calificando el proceso como un intento de intimidación política.
Por su parte, Morena defiende la legalidad del procedimiento, insistiendo en que es una acción judicial independiente.
Debate sobre uso político de la justicia
Este caso ha intensificado el debate sobre el posible uso de las instituciones judiciales con fines políticos y la eficacia real de la lucha contra la corrupción en México.
