La presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está en el centro de una controversia interna.
Aunque la Constitución establece que las personas más votadas presidirán los nuevos órganos del Poder Judicial federal, el magistrado Gilberto Bátiz, quien obtuvo la mayor votación, podría ser excluido del cargo.
Fuentes indican que el bloque mayoritario, liderado por la magistrada presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, planea no permitir que Bátiz asuma la presidencia.
Argumentan que carece de la experiencia necesaria para garantizar la certeza en las decisiones del Tribunal.
Posible incumplimiento de la reforma judicial
Esta situación podría contravenir lo dictado por la reforma judicial, que establece que el Senado debe tomar protesta a los nuevos juzgadores el 1 de septiembre.
También deben entregar constancias de presidencia en cada órgano.
De no hacerlo, la decisión quedaría en manos del bloque mayoritario, lo que podría generar incertidumbre y cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.
Posibles consecuencias políticas
Además de las implicaciones legales, esta disputa interna en el TEPJF podría tener repercusiones políticas.
Si Mónica Soto no logra retener la presidencia, se abriría una vacante que, según la Constitución, debería ser ocupada por la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos.
En este caso, la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, quien tiene una estrecha relación con Morena, podría asumir el cargo.
Esto podría alterar el equilibrio político dentro del Tribunal.
Impacto institucional
El enfrentamiento evidencia las tensiones internas y pone en duda la transparencia y legalidad del proceso de designación de la presidencia del TEPJF.
El desenlace será clave para la percepción pública sobre la independencia del Poder Judicial electoral.
