Llegó el día: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renueva su integración con los ministros electos por voto popular, cinco mujeres y cuatro hombres asumen funciones este 1 de septiembre tras el proceso del 1 de junio.
Para sus promotores, esto abre una etapa de legitimidad democrática y rendición de cuentas; para sus críticos, interrogantes sobre la independencia judicial frente a mayorías coyunturales y la presión de las urnas.
Los nuevos ministros de la Suprema Corte deberán navegar presiones presupuestales, debates sobre remuneraciones y una agenda recargada en materia de seguridad, paridad, libertades y control constitucional de reformas.
En esta reconfiguración conviven perfiles con experiencia judicial y administrativa, figuras de la academia y funcionarias con trayectoria en derechos humanos y derecho laboral. También hay reelecciones que aportan continuidad.
El nuevo liderazgo —y el conjunto de nombramientos— pone a prueba la capacidad institucional para preservar contrapesos y fortalecer la calidad de las sentencias. La discusión pública girará en torno a tres ejes: desempeño y resultados medibles; reglas para prevenir conflictos de interés y financiamiento de campañas; y mecanismos de evaluación y transparencia.
Abogado mixteco de Oaxaca, defensor de derechos de pueblos indígenas y nuevo presidente de la SCJN. Con formación en derecho constitucional, llega con una agenda de austeridad: anunció la revisión del presupuesto 2026, ajustes salariales y coordinación con el SAT en asuntos fiscales. Su reto será conciliar esa narrativa con la autonomía presupuestaria y la operación cotidiana de un Poder que requiere estabilidad tecnológica y pericial.
Lenia Batres Guadarrama
Con trayectoria en la izquierda y experiencia en gestión pública, se ha posicionado como crítica de privilegios y gastos en el Poder Judicial. Su presencia refuerza el bloque que impulsa austeridad y cambio organizacional. Su principal desafío es traducir la bandera de cercanía social en criterios jurisdiccionales sólidos, sin desdibujar la separación entre deliberación política y argumentación constitucional, en especial, dada su cercanía con las posturas del Ejecutivo.
Sara Irene Herrerías Guerra
Ex titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, con posgrados en criminología y política penal. Su perfil anticipa énfasis en víctimas, desaparición, migración y violencia de género. Aporta conocimiento de investigación penal y coordinación interinstitucional, clave para decisiones sobre controles de convencionalidad y estándares de debida diligencia.
Yasmín Esquivel Mossa
Reelegida con fuerte respaldo ciudadano, acumula experiencia jurisdiccional y gestión en sala. Su continuidad puede aportar estabilidad en criterios de administración pública, energía e infraestructura, al tiempo que enfrenta el escrutinio derivado de la exposición pública. Deberá fortalecer la calidad argumentativa y construir mayorías en casos polarizantes.
Loretta Ortiz Ahlf
Especialista en derechos humanos y derecho internacional, ex consejera de la Judicatura. Su reelección perfila continuidad en la incorporación de estándares interamericanos, enfoque de igualdad sustantiva y control de convencionalidad. Clave para discusiones sobre seguridad pública, uso de la fuerza y protección de grupos vulnerables.
María Estela Ríos González
Abogada laboralista con amplia trayectoria en el servicio público. Su llegada robustece la mirada social del tribunal: libertad sindical, negociación colectiva, subcontratación y justicia del trabajo. Tendrá el reto de ponderar la agenda de derechos laborales con principios de competitividad y certidumbre regulatoria.
Giovanni Azael Figueroa Mejía
Académico nayarita y ex director de escuela judicial, sin experiencia como juez. Su valor agregado puede estar en la formación, metodología y estandarización de criterios. La curva de aprendizaje en litigio constitucional y en manejo de asuntos de alto impacto será su prueba de fuego, junto con la articulación con ponencias de mayor trayectoria.
Arístides Rodrigo Guerrero
Ex comisionado de transparencia con sólida base en derecho constitucional. Su perfil sugiere atención prioritaria a protección de datos, acceso a la información, publicidad gubernamental y límites a la opacidad. Podría impulsar criterios que fortalezcan gobierno abierto y controles a la discrecionalidad administrativa.
Irving Espinosa Betanzo
Magistrado anticorrupción y especialista en derecho administrativo. Aporta experiencia en responsabilidades, compras públicas y control de gestión. En un entorno de megaproyectos y contrataciones complejas, su enfoque puede consolidar estándares sobre legalidad, proporcionalidad de sanciones y debido proceso administrativo.
